La Ley de Financiamiento Educativo establece que el 6% del PIB debe destinarse anualmente a inversión educativa, pero tal como deja en evidencia el recientemente publicado informe de “Monitoreo del Financiamiento Educativo” de CIPPEC (link), desde el 2010, dicha meta se ha cumplido una sola vez, en el 2015, y se debió, más que a una política pública de mayor inversión en el sector, a razones de índole política en un año electoral. 

Es necesario que se cumpla con la meta impuesta por la ley y todo el arco político desea que así sea. Sin embargo, su incumplimiento nos dice mucho sobre las dificultades de aumentar el gasto público en educación, que ha promediado 5,5% del PIB en la última década (2009-2019). Si no se cuenta con más fondos, queda entonces el interrogante de cómo hemos de administrar el dinero que sí disponemos, en un contexto educativo ya de por sí deficiente, con crecientes demandas pedagógicas y sociales, agravado aún más por la crisis sanitaria que ha generado un dramático abandono escolar y nuevos requerimientos de infraestructura.

Dada la estructura federal de nuestro país, la responsabilidad sobre la educación está repartida entre las provincias que tienen a cargo las escuelas, y el gobierno nacional que define los lineamientos de la educación a nivel nacional y financia a las universidades nacionales.

Los fondos provinciales están destinados casi exclusivamente al pago de salarios docentes, lo cual representa el 93% del gasto total en educación de las provincias. En consecuencia, los Ministerios de Educación Provinciales disponen de escaso presupuesto para capacitación o infraestructura, ya que aún con el aumento de los fondos coparticipables, la inversión en educación provincial no ha aumentado.

El Ministerio de Educación Nacional sí tiene flexibilidad en su gasto, pero año a año, dedica más fondos a política salarial y al financiamiento de las universidades. La política salarial representa el 85% del presupuesto del ministerio nacional, y el 73% del total se destina a la financiación del sistema universitario.

Sin desmerecer la importancia de la educación universitaria pública, cabe preguntarnos si tiene sentido invertir más en universidades que en primera infancia cuando la inversión en educación inicial tiene un impacto mayor en materia de equidad y desarrollo. Por ejemplo, las universidades nacionales tienen un promedio de 5,5 alumnos por cargo docente, bastante inferior al nivel inicial, que promedia 12,8 alumnos por cargo docente. ¿Es lógico destinar tres cuartos del financiamiento educativo nacional a universidades nacionales, cuando UNICEF estima que las tasas de pobreza infantil alcanzarán el 63% para fin de año?

Por razones políticas y fiscales, la inversión en educación ha perdido contacto con la realidad del país. Idealmente, se debería asignar mayores recursos nacionales y provinciales a educación, pero dado que esto no sucede de forma sustentable desde hace una década, es responsabilidad del mismo sistema educativo hacer un uso eficiente y equitativo de los fondos que sí dispone priorizando la educación obligatoria.